El gobierno está trabajando activamente en un escenario de uso obligatorio de modelos de IA nacionales en sectores clave: desde la seguridad y la administración pública hasta la educación y los procesos electorales. No se trata de una prohibición total de las tecnologías extranjeras, sino de la creación de incentivos económicos que hagan más ventajosa para las empresas la elección del software ruso. En particular, en el ámbito educativo, las novedades afectarán únicamente a los niveles escolar y preescolar, y las empresas que sigan trabajando con soluciones extranjeras corren el riesgo de perder el acceso a beneficios fiscales.
Esencia de la iniciativa y mecanismos de presión
El viceprimer ministro Dmitri Grigorenko, en el marco del VEF-2026, delineó los contornos de la nueva política: hay sectores donde la prioridad a los desarrollos nacionales debe quedar fijada por defecto. El gabinete está perfeccionando este enfoque, buscando un equilibrio entre los intereses del Estado y las empresas. Según mi información, la principal herramienta no será la prohibición, sino la privación del apoyo estatal. Las organizaciones que elijan productos de IA extranjeros simplemente no podrán optar a subsidios y preferencias en la implementación de tecnologías. Esto crea de facto un poderoso incentivo económico para que las empresas migren ya al ecosistema ruso, con el fin de conservar el acceso a los pedidos estatales.
Además, hasta 2032 se mantiene la posibilidad de usar IA extranjera incluso en sectores prioritarios. Este largo período de transición da a las empresas tiempo para reestructurarse sin un shock administrativo directo. Las autoridades apuestan no por el palo, sino por la zanahoria: en paralelo se prepara un paquete de medidas de apoyo para los desarrolladores de modelos soberanos. La lógica es simple: los sectores prioritarios generan demanda, y los incentivos fiscales abaratan la creación de las propias tecnologías.
Alivios fiscales y ambiciones de los ministerios
En los pasillos se discute un conjunto de estímulos fiscales. Se trata de la reducción del impuesto sobre la adquisición o el acceso remoto a soluciones de IA, y de subsidiar al desarrollador por el precio del producto para pequeñas empresas. También se están trabajando coeficientes para los gastos en IA, un IVA reducido en los servicios y la exención del impuesto sobre la propiedad para los centros de datos especializados. En el equipo de Grigorenko confirman: el trabajo en los actos sublegales continúa, los parámetros finales aún no están fijados.
Las ambiciones de los ministerios son impresionantes. El Ministerio de Construcción, por ejemplo, planea trasladar a la IA la mitad de los procesos en construcción y vivienda y servicios comunales para 2030. El Ministerio de Finanzas ya utiliza algoritmos en la preparación del presupuesto federal, y el ministro Siluanov califica a la IA como un nuevo punto de crecimiento económico. Es ilustrativo también el ejemplo de la plataforma «Opturan», que fue la primera en el mundo en optimizar el horario del transporte público con IA, reduciendo los tiempos de inactividad entre rutas en Moscú en un 34%. No son solo experimentos, sino casos prácticos en funcionamiento que marcan el rumbo para todo el país.
Sin embargo, también hay dificultades objetivas. La proporción de productos con funcionalidad de agente real en el registro ruso se estima en solo un 5%, frente al 39% en el mundo. Es una brecha seria que habrá que superar. Según el pronóstico base de AIANA, el volumen del mercado crecerá de 316,1 mil millones de rublos a 830 mil millones para 2030, y en un escenario favorable, hasta 1,12 billones. La lucha por la cuota en los sectores prioritarios se convierte para los desarrolladores en una cuestión de supervivencia y crecimiento.
Mi opinión: este rumbo es una respuesta pragmática a la presión de las sanciones y un intento de crear un contorno tecnológico autosuficiente. Pero el éxito dependerá no de las prohibiciones, sino de si los modelos nacionales pueden competir realmente con los extranjeros en calidad. Los beneficios fiscales son un buen comienzo, pero sin inversiones en investigación fundamental y capital humano, la brecha del 34% en funcionalidad de agente podría persistir.