El ambicioso plan de la administración de Donald Trump para formar una reserva estratégica de bitcoin (SBR) se ha topado con serios obstáculos burocráticos. El problema principal son las agudas discrepancias entre los organismos clave sobre quién controlará este activo y cómo se estructurará exactamente el sistema de gestión.
Inicialmente, la orden ejecutiva presidencial de marzo de 2025 preveía la ubicación del SBR dentro de la estructura del Departamento del Tesoro. Sin embargo, durante el análisis se descubrió que el organismo podría carecer de fundamentos legales para gestionar un activo tan volátil como bitcoin. Esto generó serios riesgos legales, y como alternativa ahora se considera al Departamento de Comercio.
La situación se complica porque el Departamento de Justicia actúa como árbitro, asesorando a ambos organismos en la búsqueda de una estructura legal legítima. La Casa Blanca, por su parte, continúa evaluando cuál de los modelos se adapta mejor al objetivo de convertir a EE. UU. en la "capital mundial de las criptomonedas". Por ahora, una cosa está clara: el proceso se está alargando, lo que no aporta certeza al mercado.
Hasta la fecha, según mis datos, EE. UU. ya es el mayor tenedor estatal de bitcoin, con una reserva de 328,372 BTC, equivalente a aproximadamente $21 mil millones. Estos activos fueron confiscados durante varios procedimientos legales.
Paralelamente, en el Congreso se impulsan dos proyectos de ley clave: la Ley BITCOIN y la Ley de Modernización de la Reserva Estadounidense (ARMA). Ambos documentos contemplan la adquisición de 1,000,000 de BTC en un plazo de cinco años. El ARMA resulta particularmente interesante, ya que obliga a mantener los activos durante al menos 20 años, pero teóricamente permite su venta para reducir la deuda pública, que ya se acerca a los $40 billones.
A pesar de las disputas interinstitucionales, los representantes de la industria cripto mantienen el optimismo. El mensaje clave aquí es que el mero hecho de reconocer bitcoin a nivel estatal abre una nueva era en la distribución de capital. Las empresas públicas ya dieron el primer paso; ahora los estados las siguen.
Mi evaluación experta: Los actuales retrasos burocráticos no son una catástrofe, sino una etapa inevitable en la consolidación de una nueva clase de activos a nivel de estados soberanos. El simple hecho de plantear la cuestión de la legitimidad legal de la tenencia de bitcoin para el Tesoro es un paso gigante hacia adelante. El mercado, sin duda, reaccionará ante cualquier concreción, pero por ahora observamos una clásica lucha entre organismos por el control de un recurso estratégicamente importante. Esto solo confirma que bitcoin ha dejado de ser una herramienta de nicho para convertirse en un objeto de la gran política.