La guerra regulatoria en India contra los activos digitales entra en una nueva fase. El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha vuelto a presentar una iniciativa radical, proponiendo una prohibición directa de las operaciones con criptomonedas y stablecoins privadas para todos los bancos, instituciones financieras y otras entidades supervisadas.
Esta postura, detallada en documentos internos del regulador, demuestra el rechazo constante de la industria cripto por parte de las autoridades monetarias del país. El RBI insiste en que cualquier interacción de las instituciones financieras con activos digitales conlleva riesgos sistémicos y socava la estabilidad financiera. Se presta especial atención a las stablecoins privadas, que el regulador considera instrumentos "opacos" y potencialmente peligrosos.
Paralelamente, la autoridad fiscal de India ha publicado su propia advertencia, señalando graves riesgos de evasión fiscal. Según los datos fiscales, los principales canales para ocultar ingresos son los exchanges extranjeros, las billeteras no custodiales y las transacciones P2P. Las estimaciones de la agencia son impresionantes: en el país hay alrededor de 39 millones de criptotraders, cuyos activos totales se valoran en 2.100 millones de dólares. Sin embargo, solo 645.000 personas realizaron transacciones en el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, y menos de una cuarta parte de ellas reflejaron estas operaciones en sus declaraciones de impuestos.
Análisis de Cryptalist: La nueva maniobra del RBI no es solo una iniciativa burocrática, sino una señal clara para el mercado. Las autoridades indias parecen estar preparándose para una purga total del sector, ignorando la tendencia mundial hacia la regulación. La paradoja de la situación es que, con una retórica tan dura y la presencia de millones de usuarios activos, el mercado indio sigue siendo uno de los más grandes del mundo. Esto genera una tensión enorme entre el deseo del estado de controlar los capitales y la demanda real de la población por libertad financiera. Si se implementa la prohibición, veremos ya sea una fuga masiva de usuarios hacia la zona gris, o un fuerte aumento en la popularidad de las soluciones descentralizadas, lo que hará que el control por parte de las autoridades sea prácticamente imposible.