Desde 2022 hasta mayo de 2026, las autoridades de Malasia realizaron más de 3000 redadas en todo el país, durante las cuales se incautaron más de 75 000 dispositivos para la minería de bitcóin. Estas operaciones fueron el resultado de esfuerzos coordinados de la policía, la empresa nacional de energía Tenaga Nasional Berhad y las administraciones locales. En el marco de la campaña, fueron detenidas 629 personas.
La magnitud de las incautaciones es impresionante: en promedio, cada mes de este período se confiscaban alrededor de 1500 mineros. Esto no solo indica infracciones ocasionales, sino un problema sistémico: la minería ilegal organizada, que causa daños al sistema energético del país.
Es importante entender el contexto legal. En Malasia, la posesión y el comercio de criptomonedas son legales; sin embargo, la minería pasa automáticamente a ser ilegal si va acompañada de robo de electricidad, manipulación de contadores, alteración de la integridad de las redes eléctricas o falta de licencias obligatorias. Estas infracciones suelen ser la causa de las redadas.
Según mi estimación, la cantidad real de mineros ilegales en el país podría ser significativamente superior a los 75 000 incautados. El consumo energético de estas operaciones genera una enorme presión sobre la infraestructura, y es probable que las autoridades sigan endureciendo los controles. Para los mineros legales, esto es una señal: es necesario cumplir estrictamente con los requisitos regulatorios; de lo contrario, los riesgos de perder el equipo y de enfrentar un proceso penal son demasiado altos.