La Unión Europea planea revisar el marco normativo MiCA (Markets in Crypto-Assets) para introducir controles más estrictos sobre la actividad de los emisores extranjeros de stablecoins que operan en el territorio de la UE. Se trata de empresas que emiten activos digitales vinculados a monedas fiduciarias, pero que no están registradas en la jurisdicción de la Unión Europea. La actualización formal de las normas podría tener lugar no antes de 2027, aunque el trabajo preparatorio ya ha comenzado.
La versión actual de MiCA, que entró en vigor en 2023, no cubre directamente a los emisores no europeos de stablecoins. Esto crea un vacío regulatorio del que se aprovechan activamente actores de Estados Unidos, Suiza y otras regiones. La Comisión Europea ya ha iniciado una recopilación de comentarios de participantes del mercado y expertos, que se prolongará hasta el 30 de septiembre. Con base en los datos obtenidos, se tomará una decisión sobre la conveniencia de revisar el reglamento.
Los principales impulsores de este proceso son el rápido crecimiento de las stablecoins denominadas en dólares (por ejemplo, USDT y USDC), la aprobación en EE. UU. de la Ley GENIUS Act, que regula las stablecoins a nivel federal, así como las crecientes preocupaciones del Banco Central Europeo (BCE) sobre la soberanía monetaria del euro. El BCE ha advertido en repetidas ocasiones que el dominio de las stablecoins en dólares en la economía europea podría socavar el control de la UE sobre la masa monetaria y la estabilidad financiera.
En mi opinión, este paso de Bruselas es una continuación lógica de la tendencia global hacia un endurecimiento de la regulación de las criptomonedas. Sin embargo, cabe señalar que MiCA ya se considera uno de los regímenes más estrictos del mundo, y su ampliación a emisores extranjeros podría provocar una fragmentación del mercado. Si la UE introduce requisitos de reserva y licencia para las stablecoins no europeas, esto podría provocar su salida de la región o su transición a modelos descentralizados. Para los inversores, esto implica un aumento de la incertidumbre, pero a largo plazo, este enfoque podría proteger a los usuarios europeos de los riesgos asociados con emisores no regulados.