La Fiscalía Popular Suprema de China ha emitido nuevas recomendaciones que cambian radicalmente el enfoque para combatir el lavado de dinero a través de criptomonedas. El organismo propone actualizar los estándares probatorios y eliminar las lagunas legales que permitían a los delincuentes eludir la responsabilidad. Esta es una señal de que Pekín tiene la intención de cerrar el tema de las transacciones anónimas de una vez por todas.
Nueva calificación: de ocultación a lavado
Los fiscales señalan directamente la discrepancia entre la tecnología blockchain y la legislación actual. La mayoría de los casos con criptoactivos se tramitan hoy bajo el artículo de "ocultación de ingresos delictivos", lo que, según los autores, es demasiado indulgente. Se propone aplicar un artículo más estricto: el de lavado de dinero. Para ello, se introduce el principio de "un caso, dos verificaciones": los investigadores están obligados a buscar indicios de lavado de dinero al investigar cualquier delito principal.
Tres cambios clave en las pruebas
Las autoridades chinas planean simplificar significativamente el manejo de pruebas en los tribunales. Las principales iniciativas incluyen:
- Autoidentificación de blockchain: la información de los exploradores públicos de la red se considera fiable por defecto si los datos hash coinciden. Esto elimina la necesidad de peritajes adicionales.
- Traslado de la carga de la prueba: si el fiscal presenta un informe de análisis de la cadena de transacciones, la defensa está obligada a demostrar lo contrario. Este es un cambio significativo a favor de la acusación.
- Presunción de culpabilidad: el uso de mezcladores, monedas privadas (por ejemplo, Monero) o la venta de activos a precios no comerciales se considera automáticamente una base suficiente para reconocer la intención de lavado de dinero. Esto es, en esencia, la criminalización de las herramientas de privacidad.
Confiscación y cooperación internacional
La Fiscalía reconoce las dificultades para incautar criptomonedas: debido a la prohibición total de su circulación en la República Popular China, los organismos no tienen canales legales para la venta de activos confiscados. La solución será la creación de una plataforma estatal para el almacenamiento y valoración de las monedas incautadas. La valoración será realizada por un comité especial de expertos basándose en datos de blockchain y precios de intercambios internacionales.
Además, China tiene la intención de impulsar la creación de protocolos internacionales para el rastreo y congelación de criptoactivos en el marco de la cooperación judicial con otros países. Este es un paso importante, teniendo en cuenta que las transacciones no reconocen fronteras.
Mi análisis: China avanza sistemáticamente hacia la eliminación total del anonimato en el espacio criptográfico. Si estas recomendaciones se adoptan, el uso de mezcladores y monedas privadas en la República Popular China no solo será una infracción, sino una prueba directa de intención delictiva. Esto creará un peligroso precedente para otras jurisdicciones, que podrían seguir este ejemplo, borrando definitivamente la línea entre la privacidad financiera y el lavado de dinero.