La Fiscalía Popular Suprema de China presentó nuevas recomendaciones para combatir el lavado de dinero mediante criptomonedas. Este paso marca una nueva escalada de presión sobre los activos digitales en el país, donde su circulación ya está estrictamente prohibida. El organismo propone revisar radicalmente el enfoque de investigación de delitos criptográficos y actualizar los estándares probatorios, centrándose en eliminar lagunas legales.
Recalificación y endurecimiento de artículos
Los fiscales señalan una discrepancia fundamental entre la naturaleza de las tecnologías blockchain y la legislación actual. Actualmente, la mayoría de los casos relacionados con criptoactivos se califican bajo el artículo relativamente leve de "ocultación de ingresos delictivos". Los autores de la iniciativa insisten en aplicar un artículo más estricto: el de lavado de dinero. Para ello, se propone implementar el principio de "un caso, dos revisiones", que obliga a los investigadores a buscar indicios de lavado de dinero al investigar cualquier delito principal.
Nuevas reglas probatorias: presunción de culpabilidad
La innovación clave es la simplificación del trabajo con pruebas digitales en los tribunales. Las principales iniciativas incluyen tres puntos:
- Autoidentificación de blockchain: Los datos de los exploradores públicos de la red (blockchain explorers) se considerarán fiables por defecto si los datos hash coinciden. Esto elimina la necesidad de que la acusación confirme adicionalmente la autenticidad de la información.
- Traslado de la carga de la prueba: Si el fiscal presenta un informe de análisis de la cadena de transacciones, la defensa estará obligada a demostrar su invalidez o su inocencia. Esto invierte el principio clásico de "presunción de inocencia".
- Presunción de culpabilidad: El uso de mezcladores, monedas privadas (por ejemplo, Monero) o la venta de activos a precios significativamente diferentes a los del mercado se considerarán motivos suficientes para reconocer la intención de lavado de dinero. De hecho, cualquier intento de aumentar la privacidad de una transacción se volverá automáticamente sospechoso.
Confiscación y cooperación internacional
La Fiscalía reconoce serias dificultades para incautar criptomonedas. Debido a la prohibición total de la circulación de activos digitales en la República Popular China, los organismos no tienen canales legales para su realización. La solución se ve en la creación de una plataforma estatal para el almacenamiento y valoración de monedas confiscadas. La valoración estará a cargo de un comité especial de expertos basado en datos de blockchain y precios de intercambios internacionales.
Además, China tiene la intención de iniciar la creación de protocolos internacionales para rastrear y congelar criptoactivos en el marco de la cooperación judicial con otros países. Esto podría sentar un precedente para la regulación global, a pesar de que la posición de Estados Unidos sobre este tema es actualmente más tolerante: anteriormente, el Tesoro de Estados Unidos reconoció el derecho de los usuarios respetuosos de la ley a usar mezcladores para proteger la privacidad.
Mi análisis: Este paso de Pekín es una continuación lógica de la política de control total. Si se aceptan las propuestas, China creará uno de los sistemas más estrictos del mundo para combatir el lavado de criptomonedas, donde cualquier acción destinada a aumentar la privacidad se considerará un delito por defecto. Esto ejercerá una presión significativa sobre el desarrollo de soluciones privadas en blockchain y podría provocar una ola de desanonimización de usuarios a nivel global si otros países siguen el ejemplo de la República Popular China.