En Texas se desarrolla un drama ambiental oculto: los desarrolladores de centros de datos que alimentan el auge de la inteligencia artificial están utilizando sistemáticamente lagunas legales para evitar el control público sobre la construcción de sus propias centrales eléctricas. Se trata de una evasión de responsabilidad a gran escala que podría tener graves consecuencias para el medio ambiente.

La esencia del esquema es simple y cínica. En lugar de obtener un permiso integral para una fuente importante de contaminación, que requiere evaluaciones ambientales obligatorias y notificación a los residentes locales, las empresas dividen sus proyectos en partes pequeñas. Presentan solicitudes para turbinas y generadores individuales mediante un procedimiento simplificado, diseñado originalmente para instalaciones pequeñas y estándar. Esto les permite evitar audiencias públicas y acelerar el proceso de construcción.

La magnitud del fenómeno es impactante. Desde 2024, al menos 38 centros de datos en Texas han obtenido permisos para su propia generación de electricidad de esta manera. Más de la mitad de ellos reducen artificialmente las emisiones declaradas de óxidos de nitrógeno, equilibrando al límite del umbral de 100 toneladas al año, a partir del cual comienzan los procedimientos públicos obligatorios. Por ejemplo, el centro de datos Vantage cerca de San Antonio obtuvo un permiso para 99,8 toneladas de emisiones, solo 0,2 toneladas por debajo del límite crítico.

Estrategia «primero pequeño, luego grande»

Exempleados de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) describen esta táctica con la fórmula «primero pequeño, luego grande». Las empresas dividen deliberadamente un proyecto único en muchas solicitudes pequeñas y, una vez obtenidos todos los permisos, combinan las instalaciones en una central eléctrica de escala industrial. Según Bruce Buckheit, exdirector del departamento de cumplimiento de la EPA, esta práctica podría contradecir directamente los requisitos de considerar las partes interconectadas de un proyecto en su conjunto. Es un desafío directo al sistema regulatorio.

El ejemplo más claro es el centro de datos Stargate en Abilene, el proyecto insignia de la iniciativa de OpenAI, SoftBank y Oracle con inversiones declaradas de hasta $500 mil millones. En 2024, sus desarrolladores obtuvieron permisos simplificados para 10 turbinas de gas y 62 generadores diésel. Según los documentos, este equipo puede emitir más de 1,6 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y alrededor de 1000 toneladas de otros contaminantes al año. Y esto es solo la primera fase. Ya se ha presentado una solicitud de expansión que aumentará la capacidad de la central eléctrica a un nivel suficiente para abastecer a más de 1 millón de hogares, y la contaminación anual será comparable a las emisiones de casi 2 millones de automóviles.

Auge del gas y riesgos colosales

En Texas ya operan alrededor de 300 centros de datos, y otros 200 están en desarrollo. Según estimaciones de Global Energy Monitor, en el estado se han declarado 80,6 GW de nuevas centrales eléctricas de gas, y casi la mitad de esa capacidad, unos 40 GW, está destinada específicamente al suministro directo de energía a los centros de datos. En términos de capacidad de gas en desarrollo, Texas solo es superado por China. Los analistas de Cleanview identificaron en EE. UU. 59 centros de datos con planes de construir sus propias centrales eléctricas con una capacidad total de unos 90 GW, pero hasta ahora solo se han puesto en funcionamiento alrededor de 2 GW.

Mi opinión profesional: estamos presenciando un conflicto clásico entre el rápido progreso tecnológico y un marco regulatorio obsoleto. Mientras los reguladores de la TCEQ intentan justificar su incapacidad para reaccionar, citando un «alto nivel de cumplimiento» y la realización de 100 000 inspecciones al año, la realidad es que más de 1400 casos de aplicación de la ley permanecen sin resolver. Las empresas juegan según las reglas que ellas mismas crearon, aprovechando vacíos burocráticos. La inversión en infraestructura de IA es, sin duda, un motor económico, pero el precio que pagamos por este crecimiento en forma de emisiones no controladas podría ser catastrófico para el medio ambiente y la salud de las comunidades locales. El sistema necesita una reforma urgente; de lo contrario, Texas corre el riesgo de convertirse no solo en el centro mundial de la IA, sino también en una zona de desastre ecológico.