En las audiencias del Comité Judicial del Senado el 15 de julio estalló un verdadero escándalo en torno a la política de criptomonedas. Los demócratas criticaron duramente al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, acusándolo de debilitar deliberadamente las investigaciones contra empresas de criptomonedas.
El punto clave que provocó la indignación de los legisladores fue la decisión de Blanche de abril de 2025 de disolver la unidad especializada del Departamento de Justicia encargada de casos relacionados con activos digitales. Este paso, según los opositores, socava los esfuerzos para combatir los delitos financieros en el ámbito cripto.
Es interesante que las críticas no solo provinieran de los demócratas. El republicano Tom Tillis también expresó su preocupación por algunas decisiones del fiscal general interino. Prestó especial atención al caso de Roman Storm y al proyecto World Liberty Financial, insinuando posibles irregularidades en el proceso de aplicación de la ley.
Comentario analítico del experto: Esta situación demuestra una profunda división en el establishment estadounidense en cuanto a la regulación de las criptomonedas. La disolución de la unidad especializada del Departamento de Justicia no es solo un reajuste administrativo, sino una señal al mercado de un cambio de prioridades. Sin embargo, este paso genera una incertidumbre legal que podría ahuyentar a los inversores institucionales, que esperan reglas de juego claras y predecibles. Mientras los políticos discuten, la industria permanece en un estado de suspenso.