En marzo de 2025, la administración estadounidense anunció la creación de una reserva estratégica de bitcoin, lo que el mercado percibió como un hito histórico. Sin embargo, con el tiempo se ha vuelto evidente que tras las declaraciones grandilocuentes no hubo acciones reales, y el proyecto mismo se ha convertido en un callejón burocrático sin salida.

La ilusión de la demanda

Inicialmente, los inversores esperaban que el Estado comenzara a comprar bitcoin activamente, creando una nueva y poderosa fuente de demanda. Sin embargo, la orden ejecutiva del presidente disipó estas esperanzas. Se prevé que la reserva se alimente exclusivamente de activos incautados en casos penales, y no con fondos presupuestarios. Como declaró la administración, la iniciativa «no le costará ni un centavo a los contribuyentes». En realidad, no se trata de una compra, sino de una reclasificación de los activos ya decomisados.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó clara la postura: nada de compras con fondos públicos, solo la conservación de las monedas acumuladas y su reposición mediante incautaciones judiciales. La idea de formas «presupuestariamente neutrales» de expandir la reserva se quedó en el nivel de discusiones.

Parálisis burocrática

Para 2026, la implementación del proyecto se estancó debido a desacuerdos interinstitucionales. El Tesoro, encargado de gestionar la reserva, se enfrentó a preguntas sobre su competencia para manejar un activo tan específico. Como resultado, la Casa Blanca aún busca la estructura de gestión óptima, mientras que la propia reserva existe solo sobre el papel.

Las iniciativas legislativas, como la actualizada Ley Bitcoin de la senadora Cynthia Lummis, que proponía la compra de hasta 200 000 BTC anuales, no obtuvieron apoyo en el Congreso. El proyecto de ley alternativo ARMA, aunque avanzó más, ya no contiene los ambiciosos objetivos de acumular 1 millón de monedas.

Quién actúa y quién habla

En medio de la indecisión estadounidense, otros países muestran ejemplos interesantes. Kazajistán, por ejemplo, optó por crear una Reserva Estratégica Nacional de Criptoactivos con una estructura clara: se definieron las fuentes de financiamiento (incluyendo parte de las reservas de oro y divisas del Banco Nacional), se nombraron un administrador y un custodio, y se introdujo la obligación de informar. El volumen de la reserva podría alcanzar los 700 millones de dólares.

El Salvador continúa comprando públicamente pequeñas cantidades de bitcoin, demostrando transparencia. Bután acumula su reserva mediante la minería con energía hidroeléctrica barata. Estos países, a diferencia de Estados Unidos, no solo tienen activos, sino también una estrategia funcional.

Una reserva sin propósito

El principal problema de la SBR estadounidense es la falta de un rol funcional. Las reservas clásicas (petroleras, de divisas) sirven para estabilizar la economía. La reserva de bitcoin de EE. UU. no resuelve ningún objetivo: no se puede gastar, no respalda al dólar ni protege contra crisis. No hay consenso en el país sobre si considerar el bitcoin como un activo soberano digno de inversión presupuestaria.

Mi análisis: La paradoja de la situación es que el mayor tenedor de bitcoin entre los estados está más lejos que nadie de crear un instrumento funcional. La magnitud de la tenencia (328 372 BTC) no importa si no hay ni un propósito ni un mecanismo de uso detrás de ella. Mientras EE. UU. no responda a la pregunta «¿para qué?», su reserva seguirá siendo solo un papel, y la práctica real la formarán actores más decididos y pragmáticos.