En marzo de 2025, la administración estadounidense firmó una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica de bitcoin. El mercado reaccionó con un estallido de optimismo, esperando compras gubernamentales masivas de la primera criptomoneda y la formación de una nueva y poderosa fuente de demanda. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más prosaica. Ya para mediados de 2026, se hizo evidente que la ambiciosa iniciativa se había estancado en la fase de concepto, sin convertirse en un instrumento funcional.
Promesas grandiosas y limitaciones reales
Inicialmente, se asumió que la reserva incluiría no solo bitcoin, sino también ETH, SOL, XRP y ADA. Sin embargo, tras la cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca, el enfoque se desplazó exclusivamente hacia bitcoin. La principal decepción fue el mecanismo de financiación del fondo. En lugar de compras directas en el mercado con cargo al presupuesto, se decidió utilizar exclusivamente los activos confiscados en procesos penales y civiles. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, articuló claramente una estrategia de tres puntos: no gastar fondos presupuestarios, conservar las monedas ya existentes y reponer la reserva solo con activos incautados.
Los intentos de darle a la iniciativa un carácter más ambicioso, por ejemplo, a través del proyecto de ley de Cynthia Lummis para comprar hasta 200,000 BTC anualmente, no encontraron apoyo en el Congreso. Es más, para julio de 2026, la implementación incluso de la estructura básica se estancó debido a disputas interinstitucionales sobre quién debería gestionar este activo específico: el Tesoro, el Departamento de Justicia o el Departamento de Comercio.
Kazajistán: un enfoque contrastante para la formación de reservas
Mientras Estados Unidos intenta coordinar procedimientos burocráticos, otros países demuestran un enfoque más pragmático. Kazajistán merece una atención especial. Allí, la formación de la Reserva Nacional Estratégica de Criptomonedas, cuyo volumen podría alcanzar los 700 millones de dólares, tiene una estructura clara. Las fuentes de financiación están detalladas de antemano: parte de los fondos se destinará de las reservas de oro y divisas del Banco Nacional y los activos del Fondo Nacional, e incluirá criptomonedas incautadas.
La gestión de la reserva se ha encomendado a la Corporación Nacional de Inversiones, y su custodia, al Depositario Central de Valores. Se planea que los activos se dirijan no solo a monedas digitales, sino también a instrumentos derivados y acciones de empresas del sector. El enfoque kazajo es institucional: tiene un propietario, un administrador, un plan de inversión y presentación de informes obligatorios. Esto lo diferencia favorablemente del modelo estadounidense, que se asemeja más a un almacenamiento pasivo de activos incautados.
Panorama global: de la incautación a la minería
Un análisis del panorama global muestra que los enfoques para la formación de reservas nacionales de criptomonedas se pueden dividir en varios modelos. Estados Unidos y, en parte, Kazajistán siguen el camino de la acumulación mediante incautaciones. El Salvador practica compras directas con informes públicos. Bután utiliza la minería con excedentes de energía hidroeléctrica. La mayoría de los países, incluida la República Checa, se limitan solo a la discusión sin ninguna acción real.
La paradoja de la situación es que Estados Unidos, siendo el mayor poseedor de bitcoin entre los estados (más de 328,000 BTC), es el que está más lejos de crear un instrumento funcional de política financiera estatal.
Mi conclusión experta: La reserva de bitcoin estadounidense sufre de un problema fundamental: la falta de una función clara. Las reservas clásicas resuelven tareas específicas: los fondos petroleros suavizan los shocks de precios, los de divisas garantizan la estabilidad. La reserva de bitcoin de EE. UU. no tiene ese papel. No se puede gastar de manera efectiva, no respalda el dólar ni resuelve problemas macroeconómicos. Mientras no haya consenso en el país sobre la pregunta "¿para qué necesitamos esta reserva?", seguirá siendo simplemente una nueva forma de almacenar monedas incautadas. Aquellos que actúan de manera más silenciosa y pragmática, como Kazajistán o El Salvador, ya están formando una práctica real, mientras que las declaraciones ruidosas siguen siendo solo papel.