El juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi emitió una orden de congelamiento de 25 billeteras de criptomonedas directamente vinculadas al resonante caso del token LIBRA. Al mismo tiempo, el tribunal ordenó a seis exchanges internacionales de criptomonedas que proporcionen información completa de identificación sobre los propietarios de estas direcciones y el historial detallado de todas las transacciones.
Esta decisión fue tomada a solicitud del fiscal Eduardo Taiano, quien basó sus argumentos en un informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina (PFA). Se trata de una medida sin precedentes que demuestra que la justicia argentina tiene la intención de utilizar activamente herramientas de análisis de blockchain para investigar delitos financieros complejos en el entorno digital.
Detalles de la orden judicial y lista de plataformas
El congelamiento de activos afectó a billeteras en varias de las plataformas comerciales más grandes. La lista incluye diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, CoinEx y Bitfinex respectivamente, y una dirección en la plataforma FixedFloat. El juez exigió a cada uno de estos exchanges que entreguen un paquete completo de datos según el estándar KYC: documentos de apertura de cuentas, registros internos, registros de direcciones IP, cuentas bancarias vinculadas y un historial exhaustivo del movimiento de fondos.
La motivación clave para medidas tan drásticas fue la ausencia en Argentina de un regulador claro del mercado de criptomonedas. La orden subraya que esto es necesario para prevenir daños irreparables: el congelamiento busca detener la posible ocultación o retiro de activos que podrían ser considerados ingresos obtenidos de manera delictiva. El juez destacó especialmente el carácter preventivo de la decisión, afirmando que «el congelamiento debe detener posibles nuevos delitos durante la investigación».
Cronología del colapso de LIBRA: del auge a la caída
El informe técnico de la policía jugó un papel clave al reconstruir el movimiento de fondos mediante rastreo inverso y análisis de fuentes abiertas (OSINT). Según la investigación, los activos salían de un grupo de billeteras denominado «Team Libra Wallets». Entre el 14 y el 15 de febrero de 2025, se transfirieron millones de tokens desde estas billeteras, que luego terminaron en una billetera intermedia común.
Posteriormente, la investigación registró un gran retiro de fondos. El 10 de mayo de 2026, a través de un protocolo de compatibilidad, llegaron 498.539,85 USDT a una billetera en la red Tron. Es notable que la operación se realizó en solo 16 segundos sin la participación de un exchange tradicional, lo que indica un alto nivel de preparación técnica por parte de los organizadores. Después de esto, se puso en marcha un esquema de fragmentación de fondos (smurfing): la distribución diaria de cantidades fraccionadas en múltiples billeteras para dificultar el rastreo.
Recordemos que todo comenzó con una publicación del presidente Javier Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025. Después de esto, el precio del token LIBRA se disparó de $0,01 a casi $5 en cuestión de horas, para luego desplomarse debido a las ventas por parte de los creadores del proyecto. Según la investigación, más de 40.000 personas resultaron afectadas, y el retiro de fondos por parte de los organizadores alcanzó aproximadamente $100 millones. Entre los acusados se encuentran el lobista Mauricio Novelli, su socio y el estadounidense Hayden Davis.
Comentario del analista: Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de regulación clara y el uso de revuelo político pueden llevar a un colapso financiero masivo. El tribunal argentino, en esencia, está creando un precedente: incluso en un vacío regulatorio, las fuerzas del orden pueden perseguir eficazmente a los organizadores de esquemas cripto utilizando análisis on-chain y cooperación internacional con exchanges. Los inversores deberían aprender la lección principal: los esquemas Pump, alimentados por figuras públicas, casi siempre terminan igual: con la pérdida de fondos para los participantes minoristas.