En Washington persiste un optimismo cauteloso respecto al destino de la Ley CLARITY, un proyecto emblemático que establecería por primera vez una regulación federal integral del mercado de criptomonedas en Estados Unidos. Sin embargo, el principal escollo que podría frustrar su aprobación reside en el ámbito de la ética y el conflicto de intereses, directamente vinculados a la figura de Donald Trump.
La versión actual del documento no cuenta con el apoyo necesario de los demócratas. La razón son las disposiciones no resueltas relativas a la transparencia y la prevención de abusos en el contexto de los criptoactivos personales de los políticos y sus familias. En un contexto en el que Trump promueve activamente sus propios proyectos NFT y los instrumentos financieros asociados, la oposición insiste en incluir normas estrictas que eliminen cualquier posibilidad de cabildeo de intereses a través de la regulación.
A pesar de estas diferencias, mis contactos en el Congreso y entre los principales actores de la industria creen que la versión final del texto podría acordarse en los próximos meses. El proyecto de ley es de vital importancia para el mercado: debe reemplazar la "regulación mediante demandas judiciales" y establecer reglas claras para los emisores de stablecoins, los exchanges y los protocolos DeFi.
Mi análisis: La demora en la aprobación de la Ley CLARITY en medio de un escándalo ético es una señal alarmante. El mercado necesita claridad, pero la lucha política en torno a los intereses personales de figuras clave podría retrasar a Estados Unidos en la carrera global por la innovación en criptomonedas. Si demócratas y republicanos no encuentran un compromiso sobre el "párrafo Trump", corremos el riesgo de tener otro año de incertidumbre legal, lo que solo beneficia a las jurisdicciones extraterritoriales.