Desde el 1 de agosto, en Minnesota ha entrado oficialmente en vigor una ley radical que prohíbe por completo el funcionamiento de terminales para la circulación de activos digitales. Esto no es solo un endurecimiento de la regulación, sino un rechazo de facto a todo un segmento de la infraestructura cripto en uno de los estados estadounidenses.
Cronología y esencia de la prohibición
El gobernador Tim Walz firmó la ley correspondiente ya en mayo, pero se dio tiempo a los operadores para prepararse. A principios de agosto, todos los dispositivos debían estar desactivados, y el desmontaje completo de los lugares públicos debe completarse antes del 31 de diciembre. Las empresas cuyo negocio se basaba exclusivamente en criptocajeros también están obligadas a realizar liquidaciones con los clientes: o devolver los fondos en dólares al tipo de cambio de mercado en el momento de la operación, o transferir los activos a las carteras indicadas por los usuarios.
Razones: fraude y grupos vulnerables
El Departamento de Comercio del estado tomó medidas tan drásticas no por buena vida. Las estadísticas son desalentadoras: entre 2023 y 2025, los residentes de Minnesota perdieron alrededor de $1 millón debido a esquemas fraudulentos vinculados a los criptocajeros. Solo en 2025 se registraron 70 incidentes con daños totales de más de $540,000, con una pérdida promedio por transacción de casi $6,800. Esto indica que los ataques no fueron espontáneos, sino bien coordinados.
Es especialmente preocupante que las principales víctimas fueran personas mayores. Los delincuentes utilizaban activamente escenarios psicológicos clásicos: llamadas de "familiares en problemas", falsas relaciones románticas o presión en nombre de organismos gubernamentales. Los criptocajeros se convirtieron en la herramienta ideal para la retirada inmediata de fondos, sin pasar por el control bancario.
La magnitud del problema es mayor
Es revelador que las restricciones se introduzcan en medio de una tendencia nacional. Según datos del Centro de Quejas por Delitos en Internet del FBI, el daño total de los residentes de Minnesota por delitos criptográficos en 2025 superó los $151,6 millones. Es una cifra colosal para un estado individual, que subraya la naturaleza sistémica de la amenaza.
Antes de la prohibición total, en Minnesota estaban en vigor medidas intermedias: desde agosto de 2024, para nuevos clientes se estableció un límite diario de $2,000 y el derecho a la devolución de fondos dentro de las 72 horas si se detectaba fraude. Sin embargo, esto resultó insuficiente, lo que confirma que las restricciones puntuales no funcionan cuando se trata de la seguridad financiera de los ciudadanos.
Contexto y mi evaluación
La decisión de Minnesota no es un caso aislado. En mayo, el operador de cajeros automáticos de criptomonedas Bitcoin Depot presentó una solicitud de quiebra en Texas, y en junio, Delaware y Nueva Jersey aprobaron leyes que prohíben los criptocajeros. Esta es una señal clara: los reguladores estadounidenses pasan de las advertencias a acciones decisivas, considerando los criptocajeros como un punto de entrada para esquemas ilegales, no como un instrumento financiero legítimo.
En mi opinión, este es un paso correcto, aunque doloroso. La industria tiene la culpa de no haber podido crear mecanismos efectivos de KYC/AML en los terminales. Mientras los operadores no demuestren que pueden proteger a los usuarios de escenarios de engaño evidentes, estas prohibiciones se extenderán por todo el país.