El litigio en torno al cierre del proyecto de minería de bitcóin de Tether en Uruguay reveló contradicciones mucho más profundas que un simple cambio en la política tarifaria. El detonante clave fue una disputa prolongada con el monopolio energético estatal UTE sobre la interpretación de los términos del contrato de suministro eléctrico. Es un ejemplo clásico de cómo los proyectos de infraestructura en América Latina se enfrentan a la rigidez burocrática y la inflexibilidad de los reguladores locales.
La esencia del conflicto: límites frente a necesidades
Al lanzar la minería en 2023 con dos instalaciones en el departamento de Florida (inversión total: $120 millones), Tether mostró inicialmente resultados operativos estables y rentabilidad. Sin embargo, a medida que escalaba el consumo energético, surgió una diferencia fundamental en la interpretación del contrato. El emisor de USDT consideraba el volumen de electricidad acordado como un umbral mínimo, asumiendo su aumento conforme creciera el proyecto. UTE, por el contrario, consideraba esa cifra como un máximo absoluto.
El resultado fueron cortes sistemáticos que duraron hasta varios días, paralizando el funcionamiento del equipo. El intento de negociación fracasó: los representantes de Tether no asistieron a la reunión acordada, como lo confirman los protocolos internos. La situación se agravó tras la rotación política de marzo de 2025, cuando el nuevo gobierno de Yamandú Orsi nombró nuevos directores en UTE. Sin embargo, no hay pruebas directas de que el proyecto fuera víctima precisamente de cambios políticos.
Cronología del colapso
La escalada fue rápida. A solo dos meses del cambio de gobierno, la entidad legal local de Tether, Microfin, dejó de pagar las facturas. En junio de 2025, la empresa notificó oficialmente la rescisión de los contratos, y el 25 de julio, la compañía eléctrica cortó por completo el suministro en ambas instalaciones. Para noviembre, Tether anunció el cese de operaciones y despidos masivos. La deuda acumulada por electricidad y servicios relacionados se estimó en $4,8 millones.
Contexto estratégico
Uruguay se consideraba un banco de pruebas antes de una expansión a gran escala en Brasil, Paraguay y Argentina. Las ambiciones eran colosales: hasta $500 millones en inversiones, incluidos tres centros de datos de 165 MW y 300 MW de generación renovable. El fracaso del proyecto en Uruguay no es solo un revés local, sino una señal de riesgos sistémicos para toda la estrategia sudamericana de Tether.
No obstante, la minería sigue siendo una prioridad para la empresa. El CEO Paolo Ardoino ya en junio de 2025 pronosticaba el liderazgo de Tether en este sector, estimando inversiones en infraestructura energética en más de $2 mil millones y declarando 15 instalaciones en la región. El reciente lanzamiento de un sistema operativo abierto para la minería de bitcóin confirma que la empresa no abandona sus planes, sino que solo revisa su geografía.
Mi análisis: Este caso demuestra la importancia crítica de la precisión legal en los contratos de suministro energético. En mercados emergentes, donde los monopolios estatales tienen peso político, incluso actores importantes como Tether quedan rehenes de interpretaciones burocráticas. La lección es simple: antes de invertir cientos de millones en infraestructura, es necesario asegurarse no solo de un contrato, sino de garantías a nivel gubernamental. De lo contrario, cualquier cambio político puede anular todos los esfuerzos.