Pakistán da un paso decisivo hacia la institucionalización de los activos digitales. La autoridad reguladora de activos virtuales del país ha lanzado oficialmente el procedimiento de licenciamiento para negocios de criptomonedas, lo que marca la transición de una zona gris a un marco legal plenamente establecido.
La fecha límite clave es el 5 de septiembre de 2026. Todas las empresas que hayan realizado actividades operativas en territorio pakistaní a partir del 5 de marzo de 2026 están obligadas a presentar una solicitud para obtener el certificado de no objeción. De lo contrario, tendrán que cesar sus operaciones. Es un paso estricto, pero esperado: el regulador busca poner orden en una industria que durante mucho tiempo existió fuera del marco legal.
Diez categorías: cobertura total del mercado
El sistema de licenciamiento desarrollado abarca todos los segmentos clave de la criptoeconomía. La lista incluye diez categorías de permisos: exchanges de criptomonedas, servicios de custodia, plataformas de corretaje, protocolos de crédito, plataformas para el comercio de derivados, gestoras de activos y empresas de minería. Este amplio espectro indica que las autoridades de Pakistán no solo pretenden controlar, sino también impulsar el desarrollo de la industria, creando reglas de juego transparentes para cada sector.
Merece especial atención la inclusión de la minería en la lista de actividades sujetas a licencia. Es una señal para los inversores internacionales: un país con electricidad barata y una ubicación geográfica en la encrucijada de rutas comerciales está listo para competir por capital en este ámbito.
En mi opinión, el lanzamiento del licenciamiento no es solo una formalidad burocrática, sino una maniobra estratégica. Pakistán, con su población joven y la creciente penetración de internet, podría convertirse en un nuevo centro para la innovación criptográfica en el sur de Asia. Sin embargo, el éxito dependerá de la rapidez con la que el regulador pueda procesar las solicitudes y de la flexibilidad de los requisitos de cumplimiento normativo. Si el proceso se alarga, corremos el riesgo de ver una fuga de negocios hacia jurisdicciones más amigables, como los EAU o Singapur.