En el centro del debate público en Estados Unidos se encuentra la empresa Flock Safety, cuyas cámaras de videovigilancia han generado una ola de descontento. El director ejecutivo de la firma, Garrett Langley, en una reciente declaración subrayó la necesidad de buscar un «compromiso» entre la privacidad y la seguridad. Según sus palabras, centrar la atención únicamente en uno de estos aspectos es «prioridades equivocadas» para el país.

«Cuando la gente habla solo de una cosa —de la confidencialidad o de la seguridad—, sus prioridades están equivocadas. Como país, necesitamos llegar a un compromiso», afirmó.

Langley insiste en que la tarea clave es implementar una regulación clara y un control sobre el uso de los sistemas de vigilancia por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, en la práctica, Flock Safety enfrenta serias críticas: los ciudadanos están preocupados por la amenaza a la privacidad y los posibles abusos por parte de la policía. No obstante, la dirección de la empresa presenta estadísticas impresionantes: el sistema supuestamente ayudó a las autoridades en más de 1 millón de investigaciones y en la búsqueda de más de 10 000 personas desaparecidas.

¿Prohibir o regular?

El tema de la videovigilancia ya ha trascendido al plano político. El senador Bernie Sanders, conocido por su postura progresista, presentó una propuesta radical: prohibir por completo la tecnología de Flock. Publicó en redes sociales una declaración donde se afirma que la empresa instaló casi 100 000 cámaras en todo el país, que rastrean cada movimiento de los ciudadanos: desde la visita al médico hasta el viaje a la escuela con un hijo.

Al mismo tiempo, un grupo de republicanos en la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley que prohíbe a las autoridades federales comprar sistemas automatizados de vigilancia con reconocimiento facial y lectura de matrículas, lo que afecta directamente al negocio de Flock. Los sentimientos de protesta también han alcanzado a los ciudadanos comunes: unos destruyen las cámaras, otros pintan los lentes, y otros organizan manifestaciones. En San Diego, durante audiencias públicas, incluso apareció una persona disfrazada de Darth Vader con la irónica declaración de que «el emperador es fanático de Flock».

Reacción de la empresa y nuevas medidas

En respuesta a la presión, Flock ya ha hecho concesiones: el plazo de almacenamiento de datos se ha reducido de 30 a siete días, y el acceso a la información ahora requiere ingresar un código de caso. Langley también anunció la implementación de requisitos adicionales de auditoría y herramientas para detectar comportamientos anómalos. Subrayó la necesidad de aprobar leyes que criminalicen el uso ilegal de los datos.

«Hoy en día, en Flock y en muchas otras tecnologías, falta regulación. No hay ninguna responsabilidad, y creemos que eso está mal», concluyó Langley.

Es revelador que anteriormente los periodistas descubrieran que la empresa estaba probando una herramienta de IA que permite a la policía buscar conductores por rutas y patrones de movimiento. Esto solo intensifica los temores sobre la magnitud de la vigilancia.

Mi análisis: La situación en torno a Flock es un conflicto clásico entre las innovaciones en el ámbito de la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las concesiones de la empresa, como la reducción de los plazos de almacenamiento de datos, son sin duda un paso en la dirección correcta, pero difícilmente satisfarán a los críticos. La cuestión no radica en los detalles técnicos, sino en la falta de marcos legislativos claros que definan los límites de lo permitido para tales tecnologías. Hasta que eso no ocurra, veremos una escalada tanto de las protestas como de los intentos de las empresas por maniobrar entre la opinión pública y las demandas de las autoridades. Este es un precedente peligroso para toda la industria, ya que moldea la percepción pública de cualquier tecnología similar como una amenaza, y no como una herramienta.