El proyecto World Liberty Financial (WLFI), afiliado a la familia del presidente de Estados Unidos, recibió la aprobación preliminar de la OCC (Oficina del Contralor de la Moneda) para crear un banco fiduciario. Este evento vuelve a poner en primer plano la cuestión de la intersección de intereses entre la élite política y la industria de las criptomonedas.
El proceso de revisión de la solicitud tomó alrededor de siete meses. La aprobación final se otorgará solo después de cumplir una serie de condiciones, incluida la contratación de un auditor externo y el mantenimiento de un nivel de capital acordado. Es notable que tres inversores clave de WLFI, entre los que figura uno de los hijos del presidente, ya hayan limitado voluntariamente su influencia en la gestión de la futura entidad crediticia.
Auge de las cartas bancarias bajo la nueva administración
El análisis de la actividad regulatoria muestra una aceleración sin precedentes. En los primeros 19 meses del segundo mandato de Donald Trump, la OCC emitió 22 licencias bancarias. Para comparar: esto es más que en los cinco años anteriores combinados. Además, la mayor parte de los nuevos permisos no fue para bancos clásicos, sino para empresas fintech y actores del mercado de activos digitales, incluidos gigantes como Circle y Coinbase.
Representantes de WLFI subrayan que obtener una carta federal es un paso hacia un mayor supervisión. Según ellos, el futuro banco será custodio de las reservas de la stablecoin USD1, lo que debería aumentar la transparencia y la confianza en el proyecto. La empresa insiste: no están evitando la regulación, sino que, al contrario, pasan a estar bajo el control constante de la OCC con informes semanales sobre reservas y auditorías independientes de las operaciones con USD1.
Trasfondo político y críticas
Sin embargo, los demócratas y varios expertos ven en este acuerdo un claro conflicto de intereses. Los críticos temen que la estrecha relación del proyecto con la Casa Blanca, en un contexto de clima regulatorio laxo, cree un precedente peligroso. Se expresan opiniones de que la "moneda estable", respaldada por la aprobación estatal, podría utilizarse como herramienta de influencia política. El investigador principal del Instituto Brookings, Aaron Klein, expresó su preocupación de que las personas desarrollen una falsa sensación de respaldo estatal a las stablecoins privadas.
Las encuestas de opinión pública también registran tensión: el 63% de los estadounidenses considera inapropiado que el presidente obtenga ingresos de actividades relacionadas con criptomonedas.
Mi comentario: Es evidente que la administración de Trump está desmantelando deliberadamente las barreras burocráticas que durante décadas frenaron la entrada de nuevos actores al sistema bancario. Para el mercado, esto es sin duda una señal positiva que acelera la institucionalización de los activos digitales. Sin embargo, la mezcla de funciones estatales e intereses privados de la familia del presidente es una bomba de tiempo. Si el próximo ciclo político trae un cambio de poder, podríamos ser testigos no solo de una revisión de políticas, sino de duros procesos judiciales que harán retroceder a la industria durante mucho tiempo. La claridad regulatoria no debe lograrse a costa de compromisos éticos.