En el mundo de las inversiones institucionales se gesta una nueva ronda de confrontación entre los proveedores tradicionales de índices y las empresas que aumentan activamente sus reservas de criptomonedas. Esta vez, el centro de atención ha sido Strategy, que criticó abiertamente la propuesta de MSCI de endurecer las reglas para incluir emisores en sus índices. La compañía calificó este paso nada menos que de «discriminatorio y arbitrario».

La esencia de la iniciativa de MSCI es la siguiente: si menos de la mitad de los activos de una empresa no están directamente relacionados con su negocio principal, el emisor puede ser sometido a una revisión adicional. El resultado de dicha revisión bien podría ser la exclusión de las cestas de índices, lo que automáticamente afectaría la liquidez y el atractivo de los valores para los grandes fondos.

El escenario de prueba ya ha mostrado quién está en la mira

En la aplicación preliminar de los nuevos criterios, dos empresas conocidas por su agresiva estrategia de acumulación de bitcóin cayeron bajo posible exclusión: la propia Strategy y la japonesa Metaplanet. También se añadió a SharpLink a la lista de vigilancia. Esto no es casualidad, sino una regularidad: para estas firmas, una parte significativa de los activos ahora consiste en oro digital, lo que genera preguntas en MSCI.

Es revelador que MSCI acepta comentarios de los participantes del mercado hasta el 30 de septiembre, y la decisión final se planea anunciar a más tardar el 16 de octubre. Esto deja una ventana estrecha para maniobrar, y Strategy claramente tiene la intención de aprovecharla al máximo.

Desde mi punto de vista, este conflicto va mucho más allá de los procedimientos formales. MSCI, en esencia, intenta imponer al mercado una visión obsoleta de lo que se considera un activo «central». En una era en la que el bitcóin se convierte en una herramienta de reserva corporativa, dichos criterios parecen un intento de frenar lo inevitable. Si la iniciativa se adopta, podríamos ver una ola de exclusiones que distorsionaría el panorama de los índices y privaría a los inversores del acceso a empresas de rápido crecimiento de la nueva economía.