Dos empresarios de Tailandia presentaron una demanda contra el emisor de la stablecoin USDT, la empresa Tether, en el tribunal de distrito de Nueva York. El motivo es el bloqueo de $42,4 millones en tokens, que, según afirman los demandantes, se llevó a cabo sin fundamentos legales adecuados.
Según los materiales del caso, la congelación de activos ocurrió en octubre de 2025. Los empresarios insisten en que Tether actuó no sobre la base de una orden oficial, sino supuestamente tras una solicitud informal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI). Se alega que esta solicitud estaba relacionada con la investigación de un gran esquema fraudulento conocido como «sacrificio de cerdos», con un daño estimado de $61 millones.
Cabe destacar que la orden oficial para la incautación de activos fue emitida por las autoridades del Distrito Este de Carolina del Norte solo varios meses después, en febrero de 2026. Por lo tanto, la cuestión clave en el caso no es la conexión de los fondos con actividades ilícitas, que los demandantes, al parecer, no disputan, sino la legitimidad de las acciones de la propia Tether.
Los demandantes cuestionan la autoridad del emisor para bloquear unilateralmente los fondos sin una decisión judicial. Esto plantea una pregunta más amplia sobre el papel de los emisores centralizados de stablecoins en el sistema financiero global: ¿hasta dónde se extiende su derecho a actuar según acuerdos «de caballeros» con los reguladores, y no viola esto los derechos de los tenedores de activos?
Análisis de expertos
Este caso es un precedente importante para toda la industria. Si el tribunal se pone del lado de los demandantes, Tether y otros emisores se verán obligados a revisar sus procedimientos de interacción con las autoridades. Sin embargo, no hay que olvidar: si los fondos están realmente vinculados a un fraude, incluso sin una orden en el momento del bloqueo, la empresa actuó bajo la lógica de proteger el ecosistema de flujos criminales. La cuestión es dónde termina la buena fe y comienza el exceso de autoridad. La decisión del tribunal podría marcar la pauta para toda la práctica de aplicación de la ley en el ámbito de los activos digitales durante años.