El Senado de EE. UU. pone una barrera a las CBDC: se aprueba una prohibición temporal
El Senado de Estados Unidos hizo una declaración contundente al aprobar el proyecto de ley de vivienda 21st Century ROAD to Housing Act, que introduce una prohibición directa a la emisión de una moneda digital de banco central (CBDC) hasta finales de 2030. Se trata de bloquear cualquier intento de la Reserva Federal (Fed) de emitir un dólar digital, ya sea directamente o a través de instituciones financieras o intermediarios externos.
La votación fue prácticamente unánime: 85 senadores votaron "a favor" y solo cinco "en contra". Esta distribución de fuerzas demuestra un raro consenso bipartidista en un tema que genera serias preocupaciones sobre la privacidad y el control estatal. Los legisladores dejaron claro que no están dispuestos a permitir la aparición de una moneda digital estatal capaz de rastrear cada transacción de los estadounidenses.
Es importante señalar que el documento contiene una excepción clara para los dólares en efectivo. Cualquier alternativa digital, según la intención de sus autores, debe preservar el anonimato, no requerir permisos y estar abierta a todos, es decir, copiar las propiedades de los billetes físicos. Sin embargo, incluso después de que expire la moratoria temporal en 2030, la Fed no podrá lanzar una CBDC sin obtener un mandato separado del Congreso. Este es un factor de contención significativo.
Ahora, el proyecto de ley se envía a votación en la Cámara de Representantes. Si se aprueba allí, Estados Unidos consolidará durante muchos años su estatus como una de las economías más grandes que ha renunciado deliberadamente a las CBDC en favor de soluciones descentralizadas e instrumentos fiduciarios tradicionales.
Mi comentario: Este paso es una señal poderosa para el mercado. Confirma que los políticos en Estados Unidos están seriamente preocupados por los riesgos del dólar digital para la libertad financiera. Para la industria de las criptomonedas, es una señal positiva: la renuncia a las CBDC reduce la probabilidad de una regulación excesiva y deja espacio para el desarrollo de sistemas de pago privados y descentralizados.