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24.06.2026
14:33

La Ley CLARITY bajo la mira: Las fuerzas del orden de EE. UU. exigen endurecer el control sobre las carteras de criptomonedas

США

Cuatro de las principales asociaciones de fuerzas del orden de Estados Unidos enviaron una solicitud conjunta al Departamento de Justicia y a la administración de la Casa Blanca, expresando una grave preocupación por el artículo 604 del proyecto de ley CLARITY Act. Según su opinión, esta norma crea peligrosos vacíos legales que podrían socavar los esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia en el ámbito de los activos digitales.

El núcleo del conflicto: ¿desarrolladores no custodios protegidos por la ley?

El proyecto de ley CLARITY Act, destinado a aclarar la regulación del sector de las criptomonedas, propuesta establecer una disposición según la cual los desarrolladores de monederos y protocolos no custodios no deben ser considerados operadores de transferencias de dinero. La condición clave es que no deben tener control directo sobre los fondos de los usuarios. A primera vista, este es un paso lógico para proteger la innovación y las plataformas descentralizadas.

Sin embargo, como subrayan los críticos del ámbito policial, exenciones tan amplias podrían crear involuntariamente una "zona gris". Bajo esta protección podrían caer no solo desarrolladores de buena fe, sino también participantes que facilitan activamente el movimiento de criptoactivos, incluso con fines ilegales. Esto, a su vez, podría complicar seriamente la investigación de delitos financieros, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Evaluación experta de Cryptalist

La situación en torno a la CLARITY Act es un ejemplo clásico del conflicto entre la necesidad de impulsar el progreso tecnológico y los requisitos de seguridad financiera. Por un lado, una definición clara del estatus de los desarrolladores no custodios era necesaria desde hace tiempo y es bien recibida por la industria. Por otro lado, formulaciones demasiado amplias podrían ser utilizadas para ocultar rastros de transacciones. Los legisladores deberán encontrar un equilibrio delicado para no sofocar la innovación, pero tampoco dejar resquicios para los delincuentes. Este precedente marcará la dirección de la regulación durante años.