El Consejo de la Federación dio luz verde: nueva ley sobre criptomonedas en la Federación de Rusia — análisis completo
El Consejo de la Federación aprobó la emblemática ley "Sobre monedas digitales y derechos digitales", que establece un marco normativo integral para la circulación de criptomonedas en Rusia. El documento abarca toda la cadena, desde la compra de activos digitales por parte de personas físicas a través de intermediarios autorizados hasta las operaciones bursátiles, la compensación y los servicios de depositarios digitales.
Simultáneamente, los senadores aprobaron una ley complementaria que introduce modificaciones en casi una veintena de actos normativos vigentes. Esto sincroniza la legislación existente con el nuevo régimen regulatorio.
Arquitectura de la infraestructura legal
El elemento clave de la reforma es la institución de intermediarios especializados. Solo ellos tendrán derecho a organizar la circulación de monedas digitales. Los roles de los participantes del mercado están claramente segmentados: el organizador de operaciones trabaja en plataformas bursátiles, los corredores actúan por encargo de los clientes, los gestores lo hacen en el marco de la gestión fiduciaria, y los intercambiadores de criptomonedas se dedican exclusivamente a operaciones de cambio. El registro y almacenamiento de activos estarán a cargo de los depositarios digitales.
Se exigen requisitos especiales a los intercambiadores. Solo podrán serlo sociedades económicas rusas con fondos propios de al menos 15 millones de rublos, incluidas en el registro del Banco Central. No obstante, hasta el 1 de julio de 2027 se permite operar sin estar incluidas en el registro.
Los pagos en criptomonedas dentro de Rusia siguen prohibidos. No se pueden pagar bienes, trabajos ni servicios con monedas digitales y derechos digitales; también está prohibida la publicidad de dichos pagos. Existen excepciones a esta regla: se permiten pagos en contratos de comercio exterior entre residentes y no residentes, recompensas de minería, pago de comisiones de red, así como el pago con criptomonedas de valores, otras monedas digitales y derechos digitales.
Un bloque separado de la ley está dedicado a la minería. La actividad de los mineros está regulada, y se introduce una prohibición directa de extraer criptomonedas para personas con antecedentes penales no cancelados.
Qué activos se admitirán a negociación
Solo se admitirán a negociación pública en bolsa las criptomonedas que cumplan con estrictos criterios del Banco Central: capitalización media superior a 5 billones de rublos y volumen medio diario de negociación superior a 1 billón de rublos durante dos años. Para los activos que no cumplan estos criterios, se prevén excepciones. El Consejo de Administración del Banco Central puede admitirlos a negociación pública por un período de hasta seis meses. Además, el organizador de operaciones puede admitir cualquier activo a negociación para inversores calificados; dichas negociaciones no se consideran oferta pública.
Para las stablecoins extranjeras se ha introducido una categoría separada: "instrumentos digitales extranjeros sin entrega", que solo certifican derechos de crédito monetarios.
Los plazos de entrada en vigor de la ley están escalonados en el tiempo. Las disposiciones principales entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2026, y el requisito de realizar transacciones con criptomonedas exclusivamente a través de intermediarios autorizados, el 1 de julio de 2027.
Recordemos que la Duma Estatal aprobó la ley directamente en segunda y tercera lecturas el 21 de julio de 2026. Ahora el documento se envía a la firma del presidente, tras lo cual la parte básica entrará en vigor el 1 de septiembre.
Mi análisis: Esta ley formaliza definitivamente el modelo de mercado criptográfico de tres niveles: bolsas, corredores e intercambiadores. Es notable que, según estimaciones de expertos, Sber podría ocupar los tres niveles simultáneamente. Para el mercado, esto significa una legalización gradual, pero con un vínculo estricto a la infraestructura controlada por el Banco Central. El principal riesgo es que una regulación excesiva podría empujar a los inversores minoristas a la zona gris, especialmente hasta 2027, cuando el requisito de operar solo a través de intermediarios autorizados aún no haya entrado en pleno vigor.