El fundador de BitRiver, Igor Runets, bajo investigación: daños por 1.000 millones de rublos y esquemas fiscales
El mayor actor del mercado minero ruso, la empresa BitRiver, se ha visto envuelto en un escándalo penal de gran repercusión. Su fundador, Igor Runets, ha sido acusado de fraude a gran escala. Según las estimaciones de la investigación, el monto de los daños en este nuevo episodio asciende a 1.000 millones de rublos.
Esencia de las acusaciones: un contrato de 8 millones de dólares y obligaciones incumplidas
El caso se basa en un contrato firmado en 2023. La empresa «Fox», controlada por Runets, acordó el suministro de equipos para la minería de criptomonedas con «Infraestructura de Siberia», una estructura perteneciente al grupo En+, fundado por Oleg Deripaska. El monto de la transacción fue de 8 millones de dólares. El comprador transfirió de inmediato un anticipo de 7,9 millones de dólares, y la entrega debía realizarse en un plazo de 32 días.
Sin embargo, según descubrió la investigación, el equipo nunca fue enviado. Las autoridades creen que Runets no tenía intención de cumplir con las obligaciones contractuales desde el principio, y que los fondos recibidos fueron gastados a su discreción. Esto supone un nuevo giro en el proceso penal contra el empresario, quien ya había estado implicado en otros casos anteriormente.
Evolución de la investigación: de impuestos a fraude
El primer caso contra Runets se abrió a finales de enero. En ese momento, fue puesto bajo arresto domiciliario acusado de ocultar fondos para evadir el pago de impuestos. Desde entonces, la investigación ha cobrado impulso rápidamente. Se abrieron otros dos casos fiscales contra el empresario, que posteriormente se fusionaron en un solo proceso junto con varias disputas arbitrales.
La investigación prestó especial atención al esquema fiscal. Según su versión, los clientes de BitRiver transferían grandes sumas a las estructuras del grupo bajo la apariencia de pago por servicios informáticos y trabajo de centros de datos. En realidad, se utilizaban dispositivos ASIC exclusivamente para la minería. Esto permitía a las contrapartes contabilizar los pagos como gastos y reducir significativamente la ganancia imponible. Todos los episodios se unificaron, y la acusación de fraude por 1.000 millones de rublos se convirtió en la de mayor daño.
Opinión del mercado: conflicto corporativo y riesgos para la industria
Los expertos vinculan los problemas de BitRiver no tanto con la legalización de la minería, sino con los riesgos fiscales. Como señalaron el fundador del servicio BitOK, Dmitri Machijin, y el abogado Ignat Lijunov, la empresa a menudo no denominaba sus servicios como minería en las respuestas fiscales, sino que los describía como cálculos abstractos. Fue la magnitud de este esquema, y no la minería en sí, lo que atrajo la atención de los inspectores.
Parte de los expertos también señala un conflicto corporativo. El año pasado, la empresa tuvo una disputa con Oleg Deripaska, tras la cual comenzaron los litigios. El vicepresidente de RAKIB, Maxim Zelenevski, señaló que la situación crea un riesgo para toda la industria, reduciendo la confianza de los inversores en todo el mercado. Las asociaciones industriales ya han intensificado la prevención. El director ejecutivo de RAKIB, Alexandr Brazhnikov, informó que en 2021 BitRiver era considerado el mayor minero del país, pero para 2025 había caído al final del top diez en medio de demandas por cientos de millones de rublos. En respuesta, se lanzó el proyecto «Semáforo» para advertir con antelación a los participantes del mercado sobre riesgos legales y financieros.
Comentario del analista: El caso BitRiver es un claro ejemplo de cómo la falta de una regulación clara y los intentos de optimizar la carga fiscal pueden tener consecuencias catastróficas para un negocio. Este caso será una seria advertencia para todos los participantes del mercado cripto ruso: jugar con los impuestos y los contratos deshonestos puede costar no solo la reputación, sino también la libertad. El mercado entra en una fase de estricto cumplimiento normativo.