Australia contra Telegram: el regulador exige 38 millones de dólares por «propaganda del terrorismo»
El regulador australiano de seguridad en línea (eSafety) ha iniciado oficialmente una demanda civil contra Telegram en el Tribunal Federal. El motivo: la inacción sistemática del mensajero en la lucha contra el contenido terrorista. Se trata de grabaciones de video que, según el organismo de supervisión, permanecieron en acceso abierto en la plataforma, a pesar de las quejas directas de los usuarios.
El caso es el resultado de una investigación de un año. En caso de que se declare culpable, Telegram se enfrenta a una multa de hasta 54,6 millones de dólares australianos, unos $38 millones. El regulador insiste en que la empresa violó los estándares locales de seguridad al no eliminar a tiempo los materiales relacionados con la propaganda de la violencia.
El fondo de las acusaciones: de Christchurch a Buffalo
Las principales quejas se refieren a dos episodios de gran repercusión. En primer lugar, las grabaciones del atentado en las mezquitas de Christchurch en 2019. En segundo lugar, el video de la masacre en Buffalo en 2022. Según eSafety, estos materiales permanecieron en Telegram durante casi tres meses después de que los usuarios australianos los denunciaran.
Además, el regulador afirma que las reglas de Telegram prohíben la propaganda del terrorismo solo en algunas secciones de la aplicación, pero no en todas. La plataforma tampoco habría informado a los usuarios sobre los resultados de la revisión de sus quejas.
«El caso se refiere a contenido relacionado con los casos más conocidos de violencia extremista de los últimos años. Afirmamos que este contenido permaneció disponible en la plataforma incluso después de que Telegram fuera notificado», declaró la comisionada de seguridad electrónica, Julie Inman Grant.
Posición de Telegram y contexto de presión
La empresa rechaza categóricamente las acusaciones. Los representantes de Telegram subrayan que su trabajo contra el terrorismo está bien documentado y tienen la intención de impugnar la demanda en los tribunales. Es notable que el mensajero, que en Australia se utiliza unas 1,5 millones de veces al mes, ya ha enfrentado reclamaciones legales en otras jurisdicciones.
Recordemos que en Rusia se presentaron acusaciones contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, por facilitar actividades terroristas. El propio Durov las vinculó con la negativa de la plataforma a cumplir con los requisitos de vigilancia masiva y censura. En 2024, Durov fue detenido en Francia, pero liberado bajo fianza, y en 2025 abandonó el país, trasladándose a Dubái.
Mi opinión: Esta demanda australiana es otra llamada de atención para toda la industria de las criptomonedas y la tecnología. Los reguladores de todo el mundo están buscando nuevas palancas de presión sobre las plataformas descentralizadas. Si eSafety gana el caso, creará un precedente peligroso que permitiría multar a los mensajeros por contenido que físicamente no pueden moderar en su totalidad. Para Telegram, que se posiciona como un bastión de la libertad de expresión, esto es un desafío existencial: el equilibrio entre la privacidad y las exigencias del Estado se vuelve cada vez más frágil.