Telegram bajo ataque: Australia exige $38 millones por inacción en la lucha contra el contenido terrorista
El regulador australiano de seguridad en línea (eSafety) ha iniciado una demanda civil contra Telegram en el Tribunal Federal. El núcleo de las acusaciones es el ignoramiento sistemático por parte de la plataforma de materiales que promueven el terrorismo, incluidos videos con violencia. Este es el primer paso de tal magnitud por parte de las autoridades australianas contra el mensajero, y podría costarle a la empresa hasta 54,6 millones de dólares australianos (aproximadamente $38 millones).
El núcleo de las acusaciones: ¿negligencia o problema sistémico?
El caso es el resultado de una investigación de un año. Según el regulador, Telegram no eliminaba ni siquiera detectaba contenido relacionado con actividades terroristas. Se trata de grabaciones de los tiroteos en las mezquitas de Christchurch en 2019 y la masacre en Buffalo en 2022. Estos materiales permanecieron en acceso abierto en la plataforma durante casi tres meses después de recibir quejas de los usuarios.
La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, subraya que las reglas de Telegram prohíben la propaganda del terrorismo, pero no se aplicaron de manera uniforme en todas las secciones de la aplicación. Además, la plataforma no informó a los usuarios sobre los resultados de la revisión de sus solicitudes. «Afirmamos que este contenido permaneció disponible incluso después de que Telegram fue notificado», declaró.
Posición de Telegram: negación y disposición a ir a juicio
En respuesta, Telegram rechazó categóricamente todas las acusaciones, calificando su trabajo contra el terrorismo como «bien documentado». Un representante de la empresa declaró que tiene la intención de impugnar la demanda en los tribunales. Es notable que el mensajero se utiliza en Australia unas 1,5 millones de veces al mes, y su audiencia global supera los 1.000 millones de usuarios.
Esta demanda intensifica la presión legal sobre Telegram, que está creciendo en todo el mundo. Anteriormente, Rusia presentó cargos contra el fundador del servicio, Pavel Durov, por facilitar actividades terroristas. El propio Durov vinculó estas reclamaciones con la negativa de Telegram a cumplir con los requisitos de vigilancia masiva y censura. En agosto de 2024, Durov fue detenido en Francia, pero luego fue liberado bajo fianza, y en 2025 abandonó el país, trasladándose a Dubái.
Mi análisis: Esta demanda es un precedente emblemático. Los reguladores están pasando cada vez más de las palabras a los hechos, exigiendo a los mensajeros una moderación real, no declaraciones. Para Telegram, que se posiciona como un bastión de la libertad de expresión, el equilibrio entre la privacidad y el cumplimiento de las leyes locales se vuelve cada vez más frágil. El resultado de este caso podría sentar un precedente para otras jurisdicciones que siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos.