El juicio sobre Truth API: ¿puede un presidente vender acceso a sus propias declaraciones?
En la jurisdicción estadounidense se desarrolla un caso legal sin precedentes que podría redefinir los límites entre la información pública y el negocio privado. En el Distrito Sur de Nueva York ha comenzado un litigio cuyo centro es el servicio Truth API de Trump Media & Technology Group. La esencia de las reclamaciones de los demandantes —periodistas y defensores de derechos— se reduce a que el presidente no puede monetizar el acceso a sus declaraciones oficiales, que por su naturaleza son información gubernamental.
Mi análisis muestra que esto no es solo una disputa sobre tuits, sino una prueba de la solidez de los principios constitucionales en una era en la que el líder del Estado es a la vez propietario de una plataforma mediática. Si el tribunal se pone del lado de los demandantes, se creará un precedente que limite la capacidad de los altos funcionarios de ganar dinero con su propia retórica pública.
Un modelo de negocio de $100,000 al mes
Lanzado el 1 de agosto, el servicio Truth API ofrece a clientes institucionales —principalmente firmas de trading de alta frecuencia— acceso directo e inmediato a las publicaciones de las cuentas principales de la plataforma, incluida la del propio Trump. El precio oscila entre $60,000 y $100,000 al mes. Más de diez empresas ya se han conectado al servicio, y los ingresos superan el millón de dólares.
Esta es una cantidad críticamente importante para Trump Media, que en el segundo trimestre registró una pérdida neta de $238.1 millones con unos ingresos de solo $1.7 millones. En este contexto, Truth API parece un salvavidas para un negocio cuya capitalización, según estimaciones, ha caído de $4 mil millones a aproximadamente $1 mil millones.
Argumentos constitucionales de las partes
Los demandantes, respaldados por la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), apelan a dos enmiendas. La Primera Enmienda garantiza igual acceso a la información para todos los ciudadanos —vender acceso prioritario viola este principio. La Quinta Enmienda, por su parte, protege contra la "confiscación injustificada" —aquí se refiere a que cobrar por igual acceso socava la idea de igual protección de la ley. El consejero general principal de CREW, Nyhel Sus, califica este modelo de "extorsión pura".
Los demandados no son solo Trump Media, sino también la administración de la Casa Blanca, incluida la asistente del presidente Natalie Harp y el subjefe de gabinete Dan Scavino. Es revelador que ninguno de ellos haya comentado públicamente la situación hasta ahora.
Precedentes históricos y perspectivas
Washington ya ha visto esquemas similares. En 2013, Thomson Reuters vendía a fondos de cobertura una ventaja de dos segundos en los datos sobre confianza del consumidor por $6,025 al mes —el programa se cerró en tres semanas tras la intervención del fiscal general de Nueva York. Más tarde, bajo presión de las autoridades, Business Wire dejó de suministrar datos directamente a traders de alta frecuencia.
La diferencia es que entonces el "producto" eran datos de empresas privadas, y ahora es el texto de un presidente en funciones, vendido por su propia empresa. Y si antes el asunto lo resolvían los reguladores, ahora la respuesta probablemente la dará un tribunal.
Mi veredicto: Este caso es una señal para todas las figuras públicas que combinan política con negocios. Incluso si el tribunal no prohíbe Truth API directamente, los costos reputacionales y legales podrían hacer que este modelo no sea rentable. El mercado ya está observando este precedente, y su resultado tendrá relevancia mucho más allá de Estados Unidos.